El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció los esfuerzos de México en la lucha contra el narcotráfico, aunque también exigencia directa: investigar, detener y enjuiciar a los funcionarios y políticos corruptos que protegen a los cárteles.
En su informe anual al Congreso norteamericano, el mandatario estadounidense destacó la cooperación del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, mencionó que es necesario “desenmascarar, arrestar y enjuiciar a muchos de los funcionarios públicos corruptos que han asistido e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y soberanía de su propio país”.
Resaltó el incremento en la incautación de precursores químicos, el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y la extradición récord de líderes de alto perfil hacia tribunales estadounidenses.
Aseguró que las acciones de campo y los decomisos resultan insuficientes si las estructuras de poder institucional continúan intactas.
México “tiene que tomar acciones adicionales contra las organizaciones narcoterroristasque dominan áreas vastas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadunidense”, indicó.
Señaló que México debe realizar mayores inversiones en sus fuerzas de seguridad para golpear el brazo financiero de los “narcoterroristas” y encarcelar a la red de servidores públicos, mandos policiales y figuras políticas que operan como facilitadores territoriales a cambio de impunidad.
El gobierno estadounidense considera prioritario romper el pacto de protección políticapara neutralizar de fondo a las organizaciones criminales.
Intensificar combate al tránsito y producción de drogas
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos incluyó nuevamente a México en la lista de los 23 principales países de tránsito y producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027, según la Determinación Presidencial publicada por el Departamento de Estado.
La Casa Blanca urgió a las autoridades mexicanas a intensificar el combate al tráfico de drogas sintéticas, en particular el fentanilo.
El documento oficial destaca que la inclusión de México responde a factores geográficos y comerciales que facilitan la presencia de las organizaciones criminales.
Aunque Washington no aplicó a México la sanción de «incumplimiento demostrable» —categoría en la que situó a naciones como Afganistán, Bolivia y Colombia—, el reporte enfatiza la urgencia de fortalecer la cooperación bilateral para desmantelar la cadena de suministro de narcóticos.