Maru Campos afirmó que expuso ante Sheinbaum sus acusaciones contra la dirigente de Morena; versiones atribuidas a fuentes de seguridad apuntan a un supuesto encuentro en 2024 con Aureliano Guzmán Loera, aunque los señalamientos requieren corroboración independiente
Chihuahua .— Una serie de acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado generó una nueva controversia en el escenario político nacional, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, por supuestas relaciones con organizaciones criminales que operan en la Sierra Tarahumara.
Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, la mandataria estatal afirmó que abordó el tema directamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una reunión entre ambas. Campos sostuvo que Montiel tendría explicaciones pendientes sobre la presunta presencia de grupos criminales en municipios de Chihuahua, entre ellos Guadalupe y Calvo y Morelos, donde recientemente se reportó el desmantelamiento de un laboratorio presuntamente relacionado con la producción de drogas.
La gobernadora también hizo referencia a autoridades municipales emanadas de Morena al hablar de la situación de seguridad en la región. Sin embargo, las declaraciones constituyen señalamientos que deben distinguirse de hechos acreditados mediante investigaciones oficiales o resoluciones judiciales.
Reportes mencionan supuesto encuentro en la Sierra Tarahumara
De acuerdo con información atribuida a fuentes de seguridad consultadas por un columnista, un informe federal habría registrado una reunión entre Montiel y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”. El supuesto encuentro habría ocurrido a principios de 2024 en el municipio de Guadalupe y Calvo, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las versiones citadas sostienen que durante esa reunión se habría negociado una presunta intervención del grupo criminal identificado como Los Salgueiro en el proceso electoral de ese año, mediante apoyo a candidaturas de Morena. A cambio, según esos mismos reportes, la organización habría obtenido condiciones favorables para mantener el control de una franja territorial entre La Tuna, en Sinaloa, y Moris, en Chihuahua.
La información también menciona la supuesta presencia de Juan Carlos Loera, quien se desempeñó como delegado de los Programas para el Desarrollo en Chihuahua. No obstante, estos detalles proceden de fuentes citadas en versiones periodísticas y no deben presentarse como acuerdos comprobados sin evidencia documental o confirmación oficial independiente.
Reacciones políticas y desmentidos
Las declaraciones de Maru Campos provocaron una reacción de gobernadores de Morena, quienes difundieron un posicionamiento conjunto en el que rechazaron los señalamientos contra integrantes de su movimiento y los calificaron como acusaciones temerarias motivadas por diferencias políticas.
En el mismo contexto, Juan Carlos Loera rechazó las declaraciones de la mandataria estatal y las calificó de “calumnias e infamias”, de acuerdo con la información proporcionada. Su postura se sumó a la controversia en torno a las presuntas relaciones entre funcionarios y grupos delictivos en la entidad.
Por su parte, los antecedentes políticos de Ariadna Montiel incluyen su participación en Morena desde los primeros años de crecimiento del movimiento. La propia dirigente ha relatado que López Obrador le pidió atender el norte del país, particularmente la Sierra Tarahumara, donde permaneció durante aproximadamente dos años antes de las elecciones presidenciales de 2018.
También surgen cuestionamientos sobre un terreno en Bocoyna
A las acusaciones sobre una supuesta reunión con “El Guano” se suman señalamientos relacionados con la adquisición de un terreno en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, atribuido a Montiel. Según la información difundida, el predio tendría una superficie de 428 mil 280 metros cuadrados y habría sido adquirido por 99 mil pesos, mediante una operación en la que se menciona a Rafael Mata Márquez, identificado como subdelegado de Bienestar en Chihuahua.
Estos datos también requieren corroboración mediante documentos del Registro Público de la Propiedad, escrituras y antecedentes de la operación, con el fin de establecer las condiciones de la compraventa y la identidad de las partes involucradas.
Hasta ahora, los señalamientos sobre la presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, los supuestos acuerdos electorales y la adquisición del terreno forman parte de una controversia política que demanda verificaciones independientes. La existencia de acusaciones públicas no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad penal, por lo que cualquier conclusión deberá sustentarse en evidencias verificables y en las investigaciones que correspondan.