De la Peña advierte que podría abrir la puerta a decisiones discrecionales y señalamientos sin pruebas claras para quitar oposición en las elecciones
Chihuahua.- El secretario general de Gobierno de Chihuahua pidió un análisis profundo de la propuesta federal que busca crear filtros contra posibles vínculos entre aspirantes políticos y el crimen organizado, al considerar que podría convertirse en un mecanismo de control político.
El debate sobre la propuesta federal para establecer mecanismos de revisión a candidatos con posibles nexos con grupos delictivos comenzó a generar reacciones en distintos niveles de gobierno. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, expresó preocupación por la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al advertir que podría transformarse en un “arma de doble filo” si no se establecen reglas claras y transparentes.
La propuesta contempla la creación de una comisión encargada de analizar perfiles políticos y detectar riesgos de infiltración del crimen organizado en futuros procesos electorales. Sin embargo, De la Peña consideró que el proyecto no debe aprobarse de manera acelerada, debido a que existe el riesgo de que las decisiones se tomen bajo criterios discrecionales y sin que necesariamente se den a conocer las pruebas o elementos utilizados para señalar a determinados actores políticos.
El funcionario estatal manifestó que uno de los puntos más delicados es la posibilidad de etiquetar o exhibir públicamente a ciudadanos sin evidencia suficiente. Además, alertó que un mecanismo de este tipo podría terminar siendo utilizado con fines partidistas o como herramienta de presión política, situación que, afirmó, pondría en entredicho la imparcialidad del proceso.
Asimismo, cuestionó que una iniciativa con características de mayor vigilancia y control surja de un gobierno identificado históricamente con la izquierda política, corriente que anteriormente promovía limitar las facultades intrusivas del Estado sobre los ciudadanos. Para De la Peña Grajeda, antes de crear nuevos órganos de revisión política, debería fortalecerse el trabajo de instituciones ya existentes como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria, instancias que cuentan con facultades para investigar posibles operaciones ilícitas y vínculos criminales.
El secretario general también criticó la actuación de las autoridades mexicanas frente a señalamientos internacionales relacionados con actores políticos. Señaló que, en algunos casos, se exigen pruebas contundentes mientras que en otros únicamente prevalecen acusaciones mediáticas, lo que genera inconsistencias en la aplicación de la ley y en el manejo de la información pública.
Finalmente, hizo un llamado para que la discusión de esta reforma se lleve a cabo de manera abierta y transparente, con participación ciudadana y un análisis detallado de sus implicaciones legales y políticas, con el fin de evitar afectaciones a derechos fundamentales y garantizar que cualquier mecanismo contra la infiltración criminal opere bajo principios de legalidad y certeza jurídica.