Entregaron datos y testimonios sobre las reuniones con el narcogobernador y los acuerdos con el Cártel
El caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló a nivel internacional luego de que autoridades estadounidenses integraran testimonios clave de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, señalados como líderes de Los Chapitos, dentro de un amplio paquete de pruebas que sustenta acusaciones por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información difundida por el periodista Arturo Ángel, las agencias de Estados Unidos, entre ellas el Departamento de Justicia y la DEA, consolidaron una acusación formal respaldada por un jurado, en la que se incluyen declaraciones de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de datos de inteligencia, comunicaciones interceptadas y documentos relacionados con operaciones de narcotráfico y presuntos pagos a funcionarios. Estas indagatorias forman parte de una investigación más amplia que también involucra a otros servidores públicos activos y retirados.
Las pesquisas, coordinadas desde el Distrito Sur de Nueva York, apuntan a que el mandatario estatal habría mantenido vínculos con estructuras criminales para facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, una acusación que coincide con señalamientos previos sobre una supuesta red de protección institucional al grupo delictivo.
Como parte del proceso, autoridades estadounidenses buscan que parte de las evidencias sean remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante canales diplomáticos, con el objetivo de avanzar en una eventual solicitud de extradición. Sin embargo, el caso ha generado tensiones bilaterales, ya que instancias mexicanas han señalado la necesidad de contar con pruebas más sólidas antes de proceder legalmente.
En paralelo, los hermanos Guzmán López se declararon culpables desde 2025 ante una corte federal en Chicago por delitos ligados al narcotráfico, lo que les permitió negociar acuerdos con fiscales estadounidenses. Como testigos colaboradores, han proporcionado información considerada de alto valor, la cual podría influir en la reducción de sus condenas y en el fortalecimiento de otros procesos judiciales en curso.
Mientras Ovidio y Joaquín esperan sentencia, la investigación continúa abierta y mantiene bajo escrutinio a Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones en su contra, en un contexto donde el caso reaviva el debate sobre presuntos nexos entre autoridades y el crimen organizado en México.
