La Fiscalía de Sinaloa intentó encubrir a los perpetradores del crimen. «Seguimos sin respuestas», señalan familiares
A casi dos años del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), su familia rompió el silencio para denunciar el abandono institucional y la total falta de comunicación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del político sinaloense, hizo público un reclamo donde acusó que las autoridades federales mantienen un hermetismo absoluto frente a las víctimas directas. A pesar de haber acudido formalmente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para solicitar actualizaciones, la institución no ha entablado ningún contacto con ellos.
«Seguimos sin respuestas», reprochó la familia, tras exigir el establecimiento de un canal de comunicación periódico y transparente que les permita conocer los avances reales sobre el crimen ocurrido en julio de 2024.
El polémico contexto del crimen
El asesinato de Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024, se convirtió de inmediato en uno de los escándalos políticos y criminales más complejos de los últimos años. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa intentó catalogar el hecho como un intento de robo de vehículo en una gasolinera de Culiacán. Sin embargo, esta versión oficial fue desmentida de forma contundente por la propia FGR semanas después, al descubrirse múltiples irregularidades y montajes en la investigación local.
El caso dio un giro radical tras la difusión de una carta atribuida al capo Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en Estados Unidos ese mismo día. En la misiva, Zambada afirmó que Cuén Ojeda fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar —una finca en Huertos del Pedregal— donde el capo fue emboscado y secuestrado para ser llevado a territorio estadounidense. De acuerdo con este testimonio, el exrector acudió al sitio para asistir a una reunión política donde supuestamente mediaría en una disputa entre el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el propio Cuén.
A raíz de estas revelaciones, la FGR atrajo la investigación y determinó que el cuerpo de Cuén presentaba signos de haber sido golpeado y ejecutado en el lugar señalado por Zambada, echando abajo la narrativa del robo de auto. Las sospechas iniciales sobre la presunta colusión o encubrimiento de las autoridades estatales provocaron la renuncia de la entonces fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, y pusieron bajo el escrutinio público al gobernador Rocha Moya, quien siempre negó haber tenido conocimiento o participación en dicha reunión.
Incertidumbre en el proceso
A pesar del escándalo inicial y del posterior traslado del expediente al ámbito federal, los avances sustanciales parecen haberse detenido. La FGR ha sostenido en sus informes oficiales que la carpeta de investigación no está archivada ni suspendida. Sin embargo, el reclamo de la familia Cuén evidencia una profunda desconexión entre las versiones oficiales de la autoridad y el acceso real a la justicia para los deudos, quienes siguen exigiendo esclarecer los nexos políticos detrás del homicidio.
Con información de la Aurora de México